DECLARACIÓN DE MORELIA

Reunidos en la sede de la Universidad Vasco de Quiroga, con motivo del XXV Congreso Internacional Ciencia y Vida, en torno al tema Civilidad y Ciudadanía ¿Encuentro o Desencuentro?, tras las ponencias, conferencias y debates, y en línea con los pronunciamientos programáticos de los congresos anteriores, hacemos pública esta DECLARACIÓN en la que acordamos:

1.- Recordar a la Academia y a los gobiernos la necesidad de incorporar la sociedad civil, al mismo nivel que el estado y el mercado, en la configuración de los futuros paradigmas de convivencia a que dé luz el fin de la modernidad. Hora es de apostar por la responsabilidad del ciudadano, de confiar en su lealtad y respetar su libertad, para conformar ámbitos de autogestión más allá del mercado y la política. Los ciudadanos no son súbditos, sino sujetos de derecho que crean, a su vez, otros sujetos colectivos para los que reclaman su propia autonomía. Para la etapa cultural en ciernes, los reclamos del neoestatismo hacen peligrar la legítima subsidiaridad que debe reservarse al protagonismo de la sociedad civil.

2.- Las emergencias sanitarias o medioambientales reclaman un replanteamiento de la razón de estado para hacer frente a situaciones de excepción que se perpetúen en el tiempo. Ello no debe interpretarse como una vuelta a la afirmación de la soberanía política sobre el resto de soberanías. Hay que recordar que es la política la que debe servir a la civilidad y no al revés. Al efecto, deben de acotarse con claridad áreas de emprendimiento y de desprendimiento de la acción pública en cada país que, al tiempo que garanticen seguridad frente a emergencias, liberen energías de fines obsoletos en el desempeño público, tales como la educación, la cultura, o la guarda de supuestas memorias colectivas oficiales.

3.- La mayoría de edad de la sociedad civil apunta retos que deben de ser planteados con claridad y valentía para que los procesos de cambio epocal se lleven a cabo sin traumas ni desavenencias. El tacto político y la moderación son aquí, de capital importancia, para garantizar, al mismo tiempo que se afrontan nuevos retos, el emprendimiento liberal, la separación de poderes, y la descentralización. El recurso del estado a insuflar y subvencionar cualquier tipo de nacionalismo para aglutinar más poder, debe verse como el gran inconveniente a batir de cara a los cambios venideros.

4.- Para garantizar la pacífica transformación de nuestras sociedades, una atención particular debe subrayar la importancia de la transversalidad cultural. Así, la propuesta de fomentar estructuras de virtud en la vida social que posibiliten acuerdos para evitar la disrupción que ocasiona la siempre penosa presencia y efectos de estructuras de maldad. El apoyo, que tanto el estamento civil como el político, pueden recibir de las iglesias y confesiones religiosas, organizaciones de solidaridad, o asociaciones altruistas, debe valorarse y premiarse. Aquí, la vitalidad, libertad, sostenibilidad y autonomía de la familia ha de verse como la línea de transmisión de virtudes colectivas a lo largo y ancho de toda la sociedad.

5.- La defensa de la objeción de conciencia frente a la coerción estatal hay que salvarla en cualquier situación y circunstancia que pueda considerarse legítima. Existe el derecho y el deber de objetar en un contexto donde el poder tiene todos los recursos de imposición. No caben los monopolios de poder en sociedades plurales a las que nos aboca la nueva situación. Al efecto, la revitalización y autonomía de las organizaciones, colegios y corporaciones profesionales, sindicales, ocupacionales, educativas, comerciales o religiosas, debe ser apoyada para constituir refugios y entornos que puedan otorgar legitimidad, más allá de las leyes, al ejercicio responsable de la objeción.

6.- Uno de los grandes obstáculos a salvar en la configuración de la nueva etapa cultural es la creciente desigualdad económica que amenaza la estabilidad de muchos países. No debe verse esta situación como una excusa para la intervención del estado en competencias ajenas, bien sean las propias del mercado o de la vida civil. Hay un sector, sin embargo, en el que es necesaria la intervención pública para garantizar un mínimo de igualdad en los desempeños vitales de la población, y ese sector es la sanidad. Garantizar el acceso a los recursos y medios necesarios para mantener una vida sana a toda la población constituye, hoy en día, un deber que reclama atención por parte de cualquier gobierno.

7.- Por último, hacemos un llamado para dotar a la judicatura de capacidad y libertad, de modo que pueda calibrar la evolución de dogmas, leyes y códigos a través del tiempo, y pueda disponerse a priorizar el derecho sobre la ley injusta. Las emociones colectivas deberán valorarse e incorporarse para su reconocimiento y discernimiento en la conformación de sentencias y pautas punitivas. Ello, no obstante, no debe ser obstáculo para que se preserve la igualdad ante la ley en circunstancias parejas, y para que se garantice el derecho a la vida en todo momento y situación como el derecho básico de cualquier sociedad humana.

En Morelia, Michoacán, México, a 5 de agosto de 2023.